Fiorella López
El miércoles 28 de septiembre se celebró el día por el derecho al aborto de las mujeres de América Latina y del Caribe, cuyo lema central de la campaña consiste en “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Una fecha que desde 1990 se instituyó para concientizar sobre el hecho de que la penalización está condenando a las mujeres con menores recursos (económicos, educativos, institucionales) a poner en riesgos sus vidas por haber decidido interrumpir voluntariamente su embarazo.
El tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro. En América Latina existen cinco países en los cuales el aborto no es permitido en ninguna circunstancia: Chile, Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Por el contrario, en Puerto Rico, Cuba, Guyana y Barbados el aborto es legal. En el caso del Perú, el código penal tipifica el aborto como un delito.
El código penal peruano de 1924 penalizó todas las figuras del aborto, con excepción del terapéutico (aquel que se realiza para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave o permanente en su salud), pero si bien este es reconocido su aplicación es restringida, y esto debido a que no existe una norma técnica que respalde la práctica por parte de profesionales de la salud. Lo que se demanda, hace ya varias décadas, es la pronta aprobación de un protocolo que posibilite el aborto terapéutico. El aborto realizado en casos de violación (siempre que el violador no sea el conyugue) o inseminación artificial no consentida, así como el aborto eugenésico (aquel que se realiza en casos en que el feto presenta malformaciones físicas o psíquicas) constituyen figuras atenuadas. Sin embargo, continúan siendo un delito por lo que su práctica debe realizarse clandestinamente. En el año 2009 el Congreso aprobó, debido a la intensificación de las demandas, retomar la discusión en torno a la despenalización del aborto, algo que hasta el momento no se ha llevado a cabo.
Por ello, este último 28 de septiembre, diversas organizaciones y movimientos feministas realizaron un plantón frente al Congreso de la República para exigir que se reanude el debate en torno a la despenalización del aborto y con ello la adopción de medidas que permitan que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con total libertad y autonomía. Asimismo, estas diferentes organizaciones demandan además la adopción de una serie de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres: impulsar la investigación y sanción de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, la reparación a las mujeres que fueron violentadas durante el conflicto armado interno que vivió el Perú en el periodo 1980-2000, promover políticas públicas para la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres, impulsar la aprobación de la ley de crímenes de odio y la penalización de feminicidio así como la difusión de una campaña contra toda forma de violencia hacia las mujeres adoptando medidas específicas en el caso de las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas y discapacitadas en quienes la opresión de género se vincula con otros tipos de discriminación.
La historia reciente del feminismo contemporáneo muestra la reelaboración a la que han sido sometidos muchos de sus presupuestos epistemológicos y luchas políticas. El movimiento feminista ha mantenido así a lo largo de varias décadas una relación llena de conflictos con el movimiento TLGB, y los movimientos o partidos políticos de izquierda, a partir de los cuales se ha planteado muchas veces la necesidad de cuestionar el carácter prescriptivo de la diferencia sexual y promover de este modo la emergencia de nuevas identidades. Esto ha permitido a su vez comprender que los movimientos sociales deben empezar a articular sus demandas políticas, algo que Verónica Ferrari (la actual directora ejecutiva del MHOL) a partir de su testimonio nos permite entender mejor cuando nos explica por qué a ella como lesbiana el tema del aborto no le es ajeno.
El aborto es, sin duda, un problema de salud pública pero es sobre todo un asunto fundamental de derechos humanos. La penalización del aborto no ha conseguido detener su práctica, ha conseguido más bien instalar diversas formas de discriminación, imposibilitando con ello el acceso igualitario a los servicios de aborto a cargo de la salud pública.
Las mujeres que se practican abortos clandestinos pertenecen a todos los sectores socioeconómicos, estas diferencias, sin embargo, son las que determinan el acceso a una interrupción del embarazo segura o insegura. Las mujeres más pobres son las más excluidas pues son ellas las que se encuentran en la imposibilidad de pagar un aborto que sea realizado por una persona con la preparación adecuada y en condiciones sanitarias seguras. Un estudio realizado por la antropóloga Delicia Ferrando (2002) encontró que en el Perú el riesgo de complicación por cada 100 mujeres que tienen un aborto inducido es de 44% en las mujeres pobres rurales, de 27% para las mujeres pobres urbanas, de 24% para las mujeres no pobres rurales y 5% para las mujeres no pobres urbanas. En el Perú se calculan alrededor de 350 mil abortos al año. El aborto clandestino, por lo tanto, representa un grave problema que se manifiesta en el hecho de que constituye una de las principales causas de muerte materna.
Una campaña que viene promoviendo el libre acceso a la información ha sido lanzada por la Línea Aborto: Información Segura desde abril del año pasado, cuyo objetivo es proveer información gratuita de acuerdo al protocolo de atención de la Organización Mundial de la Salud sobre el procedimiento de interrupción del embarazo con el uso del medicamento Misoprostol. Este proyecto constituye una iniciativa feminista potente en tanto plantea la urgencia de hablar del aborto públicamente como un tema que compete a la sociedad en su conjunto y no únicamente a las mujeres.
Este martes 11 de octubre a las 7pm en el local del Movimiento Homosexual de Lima - MHOL (Mariscal Miller 828, Jesús María) se realizó el primer reporte elaborado en base a la información brindada de manera voluntaria por las mujeres que han llamado en más de un año de funcionamiento de la línea. Eventos como este permiten abrir un espacio de discusión sobre la situación del aborto en el Perú y generar redes de comunicación para colocar el tema en el debate público que permita reformular la condena legal y moral que se impone a las mujeres que optan por el aborto como un derecho suyo a decidir libremente sobre su maternidad. Puedes descargar el informe desde aquí.
